El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 309 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2023, reflejando la continuidad de una «política de criminalización» en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela.
Entre enero y junio de 2023 la ONG documentó cómo «el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, acompañando a las víctimas de la emergencia humanitaria compleja que persiste en el país y respondiendo a la crisis de derechos humanos».
Los 309 ataques e incidentes documentados representan un incremento del 44% en comparación con el mismo período del año 2022, en el cual se registraron 214 situaciones.
Destacan que se acentuaron las medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, bajo la lógica del «enemigo interno», aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones defensoras en el país.
Los 309 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
Estigmatización: 191
Intimidación y Hostigamiento: 70
Amenazas: 35
Detención Arbitraria: 4
Otros: 4
Ataques Digitales: 3
Judicialización: 2